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martes, noviembre 03, 2009

Fundamentos Conceptuales de la Misión Sucre

¿Que es la Mision Sucre?

El Plan Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre, denominado “Misión Sucre”, es una iniciativa del Estado Venezolano y del Gobierno Bolivariano que tiene por objeto potenciar la sinergia institucional y la participación comunitaria, para garantizar el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo y transformar la condición de excluidos del subsistema de educación superior.

En esta Misión se conjuga una visión de justicia social, con el carácter estratégico de la educación superior para el desarrollo humano integral sustentable, la soberanía nacional y la construcción de una sociedad democrática y participativa, para lo cual es indispensable garantizar la participación de la sociedad toda en la generación, transformación, difusión y aprovechamiento creativo de los saberes y haceres.

En las últimas décadas del siglo pasado, el Estado fue reduciendo progresivamente sus responsabilidades en materia educativa y específicamente en lo que se refiere al nivel de educación superior. De hecho, la inversión realizada en educación superior en Venezuela desde 1989 hasta 1998, evidenció una tendencia descendente, afectada por la propensión a realizar recortes presupuestarios en todos los sectores del ámbito social y, en especial, como una estrategia para construir la viabilidad del proyecto de privatización de la educación superior.

Esto trajo como consecuencia una amplia deuda social acumulada, pues la matrícula universitaria sufrió un estancamiento, favoreciendo la exclusión de los estudiantes provenientes de los sectores más pobres.

En efecto, diversos estudios concuerdan en afirmar que el ingreso a la educación superior favoreció a los sectores con mayores ingresos, a la población de las grandes ciudades y a los estudiantes provenientes de planteles privados. A la par de este fenómeno, la educación superior de gestión oficial disminuyó sensiblemente su participación en favor de la educación de gestión privada.

Desde 1999, el Gobierno Bolivariano ha dedicado sus mejores esfuerzos a fortalecer todo el sistema educativo venezolano y hacer realidad el ejercicio de la educación como derecho humano, para lo cual ha sido indispensable rescatar la iniciativa del Estado como garante de oportunidades educativas de calidad para todos, tal y como lo señala el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que refiere:

"La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad…"

La prioridad otorgada a la educación como proceso fundamental para el cumplimiento de los fines esenciales de la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución, se ha traducido, entre otras realizaciones, en:

1. La eliminación del cobro de matrícula en los planteles oficiales y la consiguiente disminución de trabas para el acceso a la educación obligatoria.

2. El aumento de cobertura en la educación inicial, básica, media y superior.

3. La creación de las Escuelas Bolivarianas.

4. La recuperación de la infraestructura de las escuelas básicas y la construcción de nueva infraestructura educativa.

5. El relanzamiento de la educación técnica.

6. El Plan Simoncito dirigido a garantizar el acceso universal a la educación inicial.

7. El Plan Nacional de Lectura, como parte del cual se han distribuido cientos de miles de Bibliotecas Familiares.


8. La Misión Robinson que ha logrado alfabetizar hasta ahora a un millón de compatriotas.

9. La Misión Robinson II, dirigida a todas aquellas personas que ya saben leer y escribir, para que culminen la primera y segunda etapa de educación básica.

10. La Misión Ribas, concebida para la incorporación de todos aquellos que no lograron culminar sus estudios de tercera etapa de educación básica y educación media diversificada.

En este marco reivindicativo y de justicia social se ubica la Misión Sucre, que junto a los esfuerzos antes mencionados, significa un impulso a la educación gratuita, obligatoria y de calidad para todos aquellos que habían sido excluidos por las políticas del sistema escolar venezolano. Con respecto al acceso a la educación superior, el Gobierno Nacional ha logrado la expansión de la matrícula de los Institutos y Colegios Universitarios y en buena parte de las Universidades Nacionales Experimentales, en una labor conjunta con las autoridades y las comunidades de estas instituciones.

Los sistemas de selección y admisión:
El sistema de selección y admisión que se aplica a los estudiantes que aspiran a ingresar a la Educación Superior ha sufrido, casi desde sus inicios, el cuestionamiento de diferentes sectores de la comunidad académica. Básicamente el sistema de selección se comparte entre los procedimientos aplicados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), que combina los resultados de las calificaciones de Educación Media (Promedio del Bachillerato) con los de la prueba de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal y Matemático) en un índice que los integra, denominado Índice Académico; y el utilizado por las universidades que, fundamentalmente, está constituido por las llamadas Pruebas Internas, las cuales combinan exámenes de aptitud con las de conocimientos específicos, según la naturaleza e interés del área o disciplina correspondiente . El aspecto que más se ha cuestionado es la discriminación social que el procedimiento establece entre los aspirantes, evidenciándose que los resultados de las pruebas tienden a favorecer a los estudiantes de mayores recursos socioeconómicos, característica que es válida tanto en el sistema nacional de admisión, como en el de las pruebas internas de las universidades, aunque más acentuadamente en este último.

La exclusión en la educación superior
Si realizamos una breve revisión histórica y social sobre el problema de la exclusión de la educación superior, nos encontramos que a partir de los años 80 la composición social de los bachilleres que ingresan a las universidades públicas, se conforma cada vez y en mayor medida por ciudadanos provenientes de los sectores medios y altos de la población, mientras que pocos de los bachilleres pertenecientes a los sectores menos favorecidos de la población logran integrarse al sistema de educación superior. Tendencia que contraviene el sentido de promoción social que ha de tener la educación y facilita el incremento de las brechas de inequidad que existen en nuestro tejido social.


La exclusión de la educación superior debe ser entendida considerando la totalidad de planos que afecta. La exclusión no sólo significa una disminución de posibilidades educativas sino que incide en las perspectivas de futuro de la población. Parafraseando a Bastidas y otros (1999), la exclusión educativa significa una dificultad para acceder a experiencias y relaciones que pueden encontrarse asociadas al fracaso y suele imponer límites al desarrollo de habilidades cognitivas, de competencias comunicacionales en contextos diferentes al familiar y comunitario y al acceso a informaciones, técnicas y conocimientos.

Dificulta también el acceso a nuevos escenarios para la formación permanente y restringe las posibilidades de empleo. Vistos la educación y el conocimiento como factores estratégicos para el desarrollo integral sustentable, la exclusión no es solamente un problema individual o familiar, sino que afecta negativamente sobre toda la nación. Afecta la cohesión social y grupal, porque cercena los espacios de aprendizaje como espacio público, donde eventualmente pueden cohabitar los diversos integrantes de las comunidades e incluso de distintas colectividades. Obstaculiza la base común de conocimientos y comunicación que necesita un país para considerarse nación. Es un problema político; disminuyendo las posibilidades de participación en las decisiones públicas, tener influencia sobre los otros y derecho de palabra para opinar. La exclusión es una fuente de desequilibrio en el acceso al poder, aislando aún más a los pobres.

La exclusión en la educación superior pareciera tener una de sus causas en las fórmulas internas que han producido las propias instituciones, a las cuales ya hemos hecho referencia. Un estudio efectuado por OPSU indica cómo ha sido la evolución del ingreso al sistema entre los años 1998 y 2000. El número de aspirantes, los asignados por OPSU-CNU y las cifras de nuevos inscritos en tales años se presentan en la tabla 1.

Tabla 1: Demanda total, asignados CNU-OPSU y nuevos inscritos en la educación superior, 1998-2000

Renglón/Año
1998
1999
2000
Aspirantes
259.340
281.282
288.016
Asignados
16.552
25.212
37.299
Nuevos Inscritos
172.432
189.581 (a)
196.197 (a)
%Asig./Deman.
6%
9%
13%
No asignados
70.356
66.489
54.520
Índice de exclusión
27,13%
23,64%
18,93%

En el cuadro anterior se observa como, a pesar del incremento de los asignados por la vía CNU-OPSU, la proporción representa en el mejor de los casos el 13% del total de estudiantes que ingresan a la educación superior. Aunado a ello, las cifras de personas que no ingresan a la educación superior ronda números entre setenta mil trescientos cincuenta y seis (70.356) y cincuenta y cuatro mil quinientos veinte (54.520). En otras palabras, se ha excluido a más de ciento noventa y un mil aspirantes sumando los tres años. Ello, sin contar a quienes desisten aún antes de inscribirse para la Prueba Nacional de Aptitud Académica, al evaluar negativamente sus posibilidades de ingreso.

Sin embargo, el énfasis debe ser puesto en el índice de exclusión. Es muy importante tomar en cuenta que diecinueve (19) de cada cien aspirantes se vieron excluidos de la educación superior en el año 2000, veintitrés (23) en 1999 y veintisiete (27) en 1998. Si bien la tendencia es al descenso, estos datos indican dos cosas: las cifras de estudiantes sin cupo representan casi la cuarta parte de la demanda; y cuando se analizan estos números se entiende que el Proceso Nacional de Admisión administra un bajo porcentaje de los cupos totales de educación superior, aun cuando es el mecanismo que resulta menos excluyente.

Las instituciones universitarias a través de sus propios mecanismos permitieron que entre el año 1984 y 1998 se cambiara un patrón paritario de ingreso por condición socioeconómica o por dependencia del plantel, hacia un sistema injusto que privilegia a los sectores de clase alta y media-alta y a los egresados de planteles privados. Esta distorsión aparece claramente asociada a la generalización de los mecanismos internos de ingreso.

En definitiva se había consolidado en Venezuela, la tendencia mundial que señala la Declaración sobre la Educación Superior para el Siglo XXI (UNESCO, 1998):

Ha sido igualmente una época de mayor estratificación socioeconómica y de aumento de las diferencias de oportunidades de enseñanza dentro de los propios países, incluso en algunos de los más desarrollados y más ricos.

La nueva orientación de las políticas sociales del Estado:
Durante la década de los 90 la política social del Estado venezolano fue orientada por el paradigma de la focalización, en donde se atendían los problemas coyunturales con programas sociales de impacto restringido en aquellos grupos identificados como los más vulnerables, cuyo objetivo primordial era garantizar que se cubrieran las necesidades básicas para la subsistencia de la persona. Las políticas sociales del nuevo Estado venezolano producto del proceso constituyente, reconocen necesidades sociales más allá de lo material o de la ubicación del individuo frente a una línea imaginaria de pobreza. La construcción del equilibrio social dispuesto en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación implica una nueva visión del ciudadano y sus derechos, en donde la participación protagónica en la toma de decisiones implica los retos de la transformación y formación. La construcción de una sociedad más equitativa y justa, pasa necesariamente por preparar a la población para el ejercicio de la ciudadanía de forma soberana, incrementado su nivel educativo.

La función estratégica de la Educación Superior:
La educación superior es un factor estratégico para la transformación social, la consolidación de la soberanía nacional y la construcción de una sociedad mejor. El acceso al conocimiento y la información, la participación en los circuitos de difusión y transformación de los saberes, la creación intelectual, el desarrollo tecnológico y su aprovechamiento creativo son claves para el desarrollo humano integral y sustentable; el reconocimiento, la comprensión y el conocimiento de nuestra diversidad y potencialidades como país; la búsqueda de la justicia social, el combate de la pobreza y de todas las formas de exclusión social; la consolidación de la participación protagónica del pueblo venezolano, de la democracia participativa y de la ciudadanía democrática; la expansión y la democratización de las capacidades educativas, científicas, tecnológicas y económicas de la nación; la seguridad alimentaria; la conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural; la garantía universal e indivisible de los derechos humanos; la democratización de la sociedad internacional; el equilibrio ecológico; la integración latinoamericana; el fortalecimiento de la condición humana y los procesos que faciliten la paz, la comprensión y la colaboración entre los pueblos de todo el mundo. En cada uno de estos campos la educación superior tiene compromisos que cumplir y aparece como necesidad ineludible.

La educación superior no es solamente un asunto de carreras, títulos y grados. Es centralmente una instancia de participación en el conocimiento y, siguiendo a Hopenhayn y Ottone (2000), “un campo que decide”:

… la importancia creciente de la innovación y el conocimiento en las economías hace de la educación no sólo una inversión con alta tasa de retorno, sino un campo que decide sobre el destino futuro de personas y sociedades enteras: o dentro de la revolución de la información, o fuera; o con acceso a “trabajos inteligentes”, o recluidas en servicios de bajo componente técnico y bajos salarios; o integradas en redes de circulación del conocimiento, o desamparadas en la intemperie del analfabetismo cibernético.

No en balde, la UNESCO (1998) apunta que sin el fortalecimiento de la educación superior ningún país podrá garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible. Más aún, ante la complejidad de las problemáticas contemporáneas, la vertiginosa creación y difusión de conocimiento y el valor que hoy en día se otorga a este como ventaja competitiva aún mayor que la tierra y el capital.
 

Justamente, el aceleramiento de los cambios tecnológicos, políticos, culturales, sociales y éticos ha puesto de relieve la necesidad de la educación a lo largo de toda la vida y, para ésta la educación superior ha sido considerada una plataforma privilegiada. Pues a esta le toca generar procesos de aprendizajes abiertos y permanentes, tanto como abrir puertas para que tales aprendizajes tengan lugar.

Y este acceso a la educación y el conocimiento, a lo largo de toda la vida, en una sociedad participativa y protagónica como la que estamos construyendo no puede ser sólo para unos cuantos. Se trata de que la educación superior se constituya como un espacio abierto al aprendizaje permanente y, por tanto propicie oportunidades de formación múltiples y flexibles, en cuanto a sus modalidades, contenidos, trayectorias y poblaciones a las que van dirigidas, atendiendo a las distintas necesidades de formación; que brinde posibilidades para entrar, salir y reingresar fácilmente del sistema y esté abierta a toda persona que haya finalizado satisfactoriamente la educación media, sin distinción de edad.

Por todas estas razones, se presenta como urgencia nacional la necesaria implementación de un sistema equitativo de ingreso a la educación superior, donde se hable de acceso en vez de selección, donde se universalice la oferta académica en los municipios, se creen nuevas modalidades de estudios y se flexibilicen los currícula y se reconozcan las competencias de las personas, es decir, lograr una real transformación universitaria que beneficie a todos en igualdad de condiciones.

La educación universitaria está en la responsabilidad de ser una manifestación de la democracia educacional participativa, la cual exige: garantizar el acceso a la educación superior de los egresados de la educación media, sin más limitaciones que sus aspiraciones, capacidades y vocaciones; y permitir que los estudiantes que a ella acceden alcancen logros significativos en su empeño por formarse y profesionalizarse.

Ello requiere que la educación superior venezolana en un tiempo perentorio asuma el reacomodo, reforma, cambio y/o transformación de sus estructuras y procedimientos académicos y administrativos, que hagan propicio el cabal cumplimiento de su misión social. La revisión o cambio que debe realizarse en la educación universitaria debe conducir a transformaciones profundas en la concepción de lo académico, de lo administrativo, de lo financiero, a un rediseño del modelo de relaciones entre y con los estamentos profesorales, estudiantiles, administrativos y de servicios, que le permitan y favorezcan un nuevo plano de interrelaciones y vinculaciones entre ellos, con la comunidad, con el Estado, con el aparato productivo y otras instituciones nacionales e internacionales.

Objetivos

Objetivos Generales

1. Facilitar la incorporación y prosecución de estudios en la educación superior de todos los bachilleres y bachilleras que, a pesar de sus legítimas aspiraciones y plenos derechos, no han sido admitidos o admitidas en ninguna institución de educación superior oficial, e incrementar el nivel educativo de la población venezolana.
 

2. Promover la reflexión, discusión, concepción e implantación de un nuevo modelo educativo universitario, con base en los imperativos de la democracia participativa y protagónica, el diálogo con los actores involucrados teniendo como referencia fundamental el proceso histórico, social, político y económico que vivimos.

Objetivos Específicos

1. Cuantificar y caracterizar la población de bachilleres que no han podido acceder a la Educación

2. Diseñar e implantar un Programa de Iniciación Universitaria (PIU), que favorezca el tránsito de los bachilleres a la educación superior.

3. Aumentar la matricula en las instituciones de educación superior (IES).

4. Conformar una Red, con todas aquellas instituciones y organizaciones que puedan cooperar de manera sustantiva en el desarrollo y consolidación de la Misión Sucre.

5. Desarrollar currículos que contribuyan e impulsen el Proyecto de Desarrollo Nacional endógeno

6. Propiciar el desarrollo de un curriculum abierto, flexible, dinámico e innovador que permita desarrollar e innovar planes y programas de estudio, metodologías y recursos para el aprendizaje, y que prevea la implementación de modalidades de formación como: la presencial, la semipresencial, la educación a distancia, la no convencional, y la acreditación de experiencias, entre otras.

7. Promover estrategias de transformación del sistema de educación superior, con base en el desarrollo endógeno y sostenible, que impacten en lo local, lo regional y lo nacional, que simultáneamente corrijan todas aquellas anomalías y desaciertos que han venido caracterizando a este sector educativo (admisión, sesgo social, deserción, calidad de la enseñanza etc.).

Metas
 

· Habilitar 6.000 espacios (aulas) aptos para la actividad académica en todo el territorio nacional, para la incorporación de 300.000 nuevos bachilleres al Programa de Iniciación Universitaria.

· Incorporar 100.000 bachilleres sin cupo al Programa de Iniciación Universitaria, en el mes de Marzo de 2004.

· Incorporar 100.000 bachilleres sin cupo al Programa de Iniciación Universitaria, en el mes de Junio de 2004.

· Incorporar 100.000 bachilleres sin cupo al Programa de Iniciación Universitaria, en el mes de Septiembre de 2004.

· Incorporación de la primera cohorte de 100.000 bachilleres que cursaron el PIU a los programas académicos de grado antes del mes de julio del 2004.

· Incorporación de la segunda cohorte de 100.000 bachilleres que cursaron el PIU a los programas académicos de grado antes de diciembre de 2004.

Visión e impacto esperado de la Misión Sucre

La Misión Sucre pretende:

· El fortalecimiento de las capacidades nacionales, regionales y locales para la producción económica con sentido social y responsabilidad ambiental; para la garantía de los derechos a la participación, la libre expresión, la salud, la educación y, en general, a una vida digna; para la gestión social participativa y la gobernabilidad; para la comprensión del país, sus regiones y localidades en su diversidad; para la conservación, rescate y enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural y ambiental; así como para nuestra participación en el mundo desde una posición de soberanía nacional, integración latinoamericana y caribeña, defensa de la paz y solidaridad entre los pueblos.

· El desarrollo de competencias y actitudes para el ejercicio pleno de una ciudadanía responsable; comprometida con los problemas, necesidades y exigencias del país.

· La elevación del nivel educativo del venezolano y su acceso a la formación integral y a lo largo de toda la vida, como forma de empoderamiento de la población que le permite ganar y abrir nuevas opciones de crecimiento personal y de participación social, económica, cultural y política

· La disminución de las desigualdades sociales en el área educativa, y su impacto favorable en la disminución de las brechas de desigualdad en otras áreas.

Por tanto, al masificar la educación superior a través de la desconcentración del sistema y la creación de nuevas modalidades, alternativas y oportunidades de estudio en todo el territorio nacional se generará un gran impacto, que en términos generales puede delimitarse de la siguiente manera:

· En el plano personal: la incorporación a los estudios superiores de cada uno de los participantes está asociada a la adquisición de nuevos conocimientos y la participación en la cultura, a la ampliación de horizontes y al desarrollo personal, al conocimiento de nuevas personas, el reconocimiento de sí mismo y el encuentro humano; a la valoración positiva de la familia y la generación de referentes para las nuevas generaciones, al desarrollo de capacidades para pensarse y repensarse a sí mismo y a su entorno, para idear y realizar proyectos y ser útil a los demás.

· La incorporación de la educación superior al ámbito local y cotidiano, deberá fortalecer las relaciones de solidaridad de la comunidad y la capacidad protectora de la familia; fortalecer actitudes positivas para la convivencia, desarrollar capacidades para la organización y la acción colectiva, incidir favorablemente sobre otros procesos educativos; impactar positivamente en la salud y actuar como factor preventivo en relación al riesgo social.

· En el plano social, las relaciones que se establecen desde el empoderamiento (derivado del acceso al conocimiento) de la persona sobre sus potencialidades y fortalezas, le permite unirse con otros para el logro de objetivos colectivos en diferentes ámbitos.
 

· En el plano político el incremento del nivel educativo fomenta la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos, así como mayor participación en los servicios sociales, a la vez, que permite la creación de una nueva cultura política y de los nuevos ciudadanos republicanos.

· En el plano económico el acceso al conocimiento abre oportunidades para actividades productivas más allá del empleo, la creación y recreación de formas de vida y relaciones productivas desde la solidaridad y el cooperativismo, formas asociativas de distinta naturaleza en donde las ganancias generadas por la fuerza de trabajo sean distribuidas de forma justa entre los trabajadores.

· En el plano transectorial, la estructura de las Misiones Sucre, Robinson y Ribas desarrolladas por el Estado durante el año 2003, intenta dar mayor flexibilidad y efectividad a la acción del Estado, impulsando la transectorialidad y la capacidad de reorganizarse conforme a las necesidades y prioridades nacionales, para dar respuesta a los nuevos retos de participación e inclusión que se establecen en las disposiciones constitucionales y el plan de desarrollo de la nueva república.


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